El Gobierno de España impulsará un pacto de Estado sobre Inteligencia Artificial para asegurar que la transformación tecnológica se traduzca en una transición digital justa. El anuncio fue realizado por el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, en la clausura del 40º Encuentro de la Economía Digital de AMETIC, celebrado en Santander el pasado 2 de septiembre de 2026.
Este acuerdo tripartito con los agentes sociales busca garantizar que los beneficios de la automatización se distribuyan de forma equitativa y protejan el empleo. La iniciativa coincide con la presentación de la Estrategia Deep Tech 2026-2030, dotada con 8.000 millones de euros para financiar la innovación profunda en el país. Este volumen de recursos y el nuevo marco regulatorio buscan mitigar los riesgos del desarrollo tecnológico y sostener la soberanía nacional, situando el progreso científico al servicio del bienestar de toda la ciudadanía.
Un pacto social para guiar la inteligencia artificial
El nuevo acuerdo impulsado por el Ejecutivo sitúa el diálogo social en el centro del desarrollo de la inteligencia artificial para asegurar que su avance no genere brechas sociales ni destrucción de empleo. En las próximas semanas, se promoverá la firma de un compromiso tripartito junto a los agentes sociales. Este foro integrará también a expertos, sectores educativos, profesionales sanitarios y al tejido industrial, buscando que la innovación actúe como un motor para mejorar los salarios y proteger los servicios públicos.
De forma paralela, se ha puesto en marcha la nueva Estrategia Deep Tech 2026-2030, movilizando un presupuesto de 8.000 millones de euros. Las tecnologías profundas, o deep tech, son soluciones basadas en descubrimientos científicos que requieren capital paciente y plazos largos antes de comercializarse. Con este plan, el Gobierno pretende que España pase de ser adoptadora a líder tecnológica, destinando el 80% de los fondos directamente a empresas.
El equilibrio entre oportunidades y riesgos reales
La necesidad de este pacto se explica por la existencia de dos escenarios opuestos ante la rápida expansión tecnológica. Por un lado, existe una visión optimista donde la inteligencia artificial abarata la investigación científica, agiliza los diagnósticos médicos y eleva la baja productividad de las pequeñas empresas. Por otro lado, un escenario pesimista plantea riesgos severos relacionados con la desinformación, el incremento de los ciberdelitos y la pérdida de la soberanía digital.
El objetivo de las políticas públicas no es frenar la innovación, sino decidir de manera colectiva quién controla estas tecnologías y cómo se distribuyen sus ganancias en la economía real. En este sentido, las estrategias presentadas persiguen varios fines clave:
- Distribución justa de beneficios: Diseñar un marco donde la automatización eleve los salarios de los trabajadores y proteja la estabilidad institucional.
- Financiación empresarial paciente: Canalizar fondos públicos a través de herramientas de cofinanciación para asumir el riesgo tecnológico junto al capital privado.
- Retención del talento científico: Impulsar las carreras científicas entre los jóvenes y consolidar infraestructuras clave para evitar que las patentes y la propiedad intelectual se deslocalicen a otros mercados.
- Ciberseguridad nacional: Establecer una hoja de ruta con horizonte 2030-2031 para migrar las redes de la Administración General del Estado a sistemas de encriptación postcuántica.
Una industria digital que ya sostiene el 27% del PIB
El anuncio del pacto de Estado coincide con la presentación del Barómetro de la Economía Digital de AMETIC 2026. Este estudio revela que la industria tecnológica nacional alcanzó en 2025 una facturación récord de 146.660 millones de euros, lo que representa un crecimiento del 6,4% respecto al año anterior. De este modo, la economía digital ya equivale al 27,0% del PIB español, consolidándose como un motor clave para el empleo con 842.596 profesionales de alta cualificación en sus filas.
España ocupa la séptima posición de la Década Digital europea y destaca como la segunda potencia de la Unión Europea en infraestructuras de conectividad. No obstante, el informe advierte sobre el déficit comercial de tecnologías de la información y la pérdida de una posición en el índice global de preparación de redes, situando al país en el puesto 25 debido a barreras en la adopción en pymes. Para medir la evolución nacional, la patronal ha estrenado su Índice de Liderazgo Digital, calificando la situación española con 67,9 puntos sobre 100.
Para conocer en profundidad las conclusiones de este análisis, se puede consultar la página oficial de las jornadas de AMETIC, el principal foro del sector digital español.
El futuro de la soberanía tecnológica española
La transición digital que afronta España requiere una estrecha colaboración entre el sector público y el tejido empresarial privado. Como han destacado los portavoces gubernamentales, el principal cuello de botella en el país no es la falta de ideas o de talento científico, sino la escasez de inversores privados dispuestos a liderar rondas de financiación de alto riesgo y largo plazo.
Solo mediante el desarrollo de grandes proyectos científicos, como el centro de fusión nuclear de Granada o el supercomputador de Barcelona, España logrará proteger su soberanía tecnológica frente a la competencia de potencias como Estados Unidos y China. El éxito de esta transición no se medirá únicamente por las cifras de facturación de las empresas, sino por la capacidad de integrar a toda la sociedad en un progreso justo, inclusivo y seguro.
