El gigante tecnológico Meta se enfrenta a una situación legal sin precedentes tras una demanda presentada por un grupo de 26 empleados. Los trabajadores aseguran que la compañía de Mark Zuckerberg utilizó sistemas de inteligencia artificial para seleccionar a quiénes despedir durante el pasado mes de mayo, cuando se anunció el recorte de unos 8.000 puestos de trabajo, lo que representa cerca del 10 por ciento de su plantilla total. El problema central reside en que estos algoritmos habrían castigado de forma desproporcionada a aquellas personas que se encontraban de baja por motivos médicos, de paternidad o por el cuidado de familiares.

Un jurado federal en Oakland, California, ha puesto fin a una de las disputas legales más mediáticas de la industria tecnológica actual. Elon Musk, cofundador de OpenAI, ha perdido su batalla judicial contra la organización y su director ejecutivo, Sam Altman. Tras once días de juicio y menos de dos horas de deliberación unánime, el panel de nueve personas determinó el pasado 18 de mayo de 2026 que las reclamaciones del magnate llegaron demasiado tarde, superando el plazo de prescripción legal. Musk acusaba a la empresa de traicionar su misión original sin ánimo de lucro al transformarse en una entidad comercial valorada hoy en cerca de un billón de dólares. Sin embargo, el fallo exime de responsabilidad a OpenAI, Sam Altman y Greg Brockman, despejando el camino para la esperada salida a bolsa de la compañía. Esta decisión no solo representa un revés personal para el dueño de Tesla, quien solicitaba compensaciones por 150.000 millones de dólares, sino que también marca un precedente sobre cómo se gestionan las transiciones corporativas en el sector de la inteligencia artificial generativa.

Hoy lunes 27 de abril de 2026 comienza en Oakland, California, uno de los procesos legales más trascendentales para la industria tecnológica moderna. El enfrentamiento enfrenta a Elon Musk contra OpenAI y su cofundador, Sam Altman, en una disputa que pone en tela de juicio la transformación de la organización desde sus orígenes altruistas hacia un modelo de negocio multimillonario.

En un movimiento que refleja las profundas transformaciones del sector tecnológico, Meta ha anunciado un plan de reestructuración masiva que supondrá la salida de aproximadamente 8.000 trabajadores, lo que equivale al 10% de su fuerza laboral global. Esta decisión, comunicada internamente este jueves y con efectos previstos para el próximo 20 de mayo, no llega de forma aislada, pues la compañía también ha confirmado la cancelación de 6.000 nuevas contrataciones previstas.

La Universidad del Sur de California (USC) ha inaugurado el Instituto para la Innovación Impulsada por el Actor (USC-IAI), un centro de investigación pionero alojado en el Centro de Drama Dick Wolf. Esta iniciativa surge en un momento crucial donde los avances en inteligencia artificial están transformando la economía creativa, con el objetivo de que los intérpretes y profesionales del sector aprendan a utilizar estas herramientas tecnológicas sin perder las cualidades humanas esenciales.

Microsoft ha aumentado su participación en OpenAI hasta el 27 %, consolidando una inversión total de 135.000 millones de dólares. El nuevo acuerdo garantiza a la compañía de Redmond acceso exclusivo a todos los modelos de la creadora de ChatGPT hasta 2032, incluso si alcanza la inteligencia artificial general (AGI). A cambio, OpenAI invertirá 250.000 millones en la nube Azure.

California ha aprobado la ley SB 53, convirtiéndose en el primer estado de EE. UU. en imponer normas de transparencia y seguridad a las grandes empresas de inteligencia artificial. Firmada por el gobernador Gavin Newsom, la ley obliga a compañías como Google, Meta, OpenAI o Anthropic a publicar sus protocolos de seguridad y reportar incidentes críticos. La legislación, impulsada por el senador Scott Wiener, busca conciliar la innovación con la protección del público y establece un precedente frente a la falta de regulación federal. A pesar de la oposición inicial de la industria, SB 53 ha sido reconocida como un modelo potencial para futuras normativas nacionales.