El Gobierno de España ha anunciado una inversión de 40 millones de euros destinada a facilitar que las startups y pequeñas y medianas empresas (pymes) puedan integrar la inteligencia artificial en su día a día operativo. Esta iniciativa, presentada por la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, María González Veracruz, busca que la tecnología no sea solo patrimonio de las grandes corporaciones, sino una herramienta accesible para el tejido productivo real del país.

El sistema educativo público en España se prepara para una transformación administrativa de gran calado con la llegada de la inteligencia artificial a las aulas de forma institucional. El Gobierno ha anunciado una inversión de **140 millones de euros** para desarrollar el Programa de Inteligencia Artificial para la Educación, una iniciativa diseñada para aliviar la carga burocrática que actualmente soportan más de **575.000 docentes** de la enseñanza pública,. Esta herramienta, definida como un chatbot "oficial y soberano", no es un simple asistente genérico, sino un sistema especializado que permitirá a los profesores generar las primeras versiones de las evaluaciones trimestrales, redactar informes individuales de fin de ciclo y diseñar adaptaciones curriculares personalizadas para alumnos con necesidades especiales,. En un contexto donde la actual ley educativa, la Lomloe, ha incrementado la complejidad de los procesos de calificación y seguimiento, esta tecnología busca devolver tiempo lectivo al profesorado,. La importancia de este proyecto radica en su carácter institucional, garantizando la seguridad de los datos de los estudiantes y utilizando fuentes de información oficiales y actualizadas,. Su despliegue, previsto para comenzar entre este año y el siguiente, marca un punto de inflexión en la integración de la IA generativa dentro de la administración pública española.

El modelo de inteligencia artificial Alia, impulsado por el Gobierno español, se entrenó con obras extraídas de internet sin pagar licencias de derechos de autor gracias a una excepción regulatoria. Aunque el Ejecutivo defiende que todo el proceso se ajusta a la Directiva de Mercado Único Digital y al Reglamento Europeo de IA, el uso de Common Crawl —un repositorio que recopila millones de obras de la red— ha despertado críticas del sector cultural y expertos en propiedad intelectual. El debate se centra en si esta excepción legal, diseñada originalmente para la investigación académica, puede aplicarse a un modelo que tendrá usos comerciales.