El Gobierno de España ha dado un paso decisivo para adaptar la legislación española a los desafíos digitales del siglo XXI. Este martes, el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de la nueva Ley Orgánica de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen, que sustituirá a la vigente desde 1982. La medida busca frenar la creciente amenaza de los deepfakes —imágenes o vídeos manipulados con inteligencia artificial (IA)—, que se han convertido en un problema de primer orden tras casos recientes de difusión de contenido sexualizado de menores.
La ministra portavoz, Elma Saiz, explicó que el texto es “más proteccionista y adaptado a las nuevas tecnologías”. En virtud de esta reforma, se considerará ilegítimo el uso sin consentimiento de la imagen o voz de una persona generada o manipulada con IA o tecnologías similares, lo que en el texto se denomina “ultrasuplantaciones realizadas con inteligencia artificial”.
Una ley para el siglo XXI
La iniciativa surge en respuesta a escándalos como el de las imágenes de menores de Almendralejo, desnudadas con IA, o el más reciente protagonizado por Grok, la herramienta de generación de imágenes de Elon Musk, que ha permitido la difusión de fotografías sexualizadas de mujeres y adolescentes. Estos casos han puesto de manifiesto las lagunas legales existentes ante el uso malicioso de tecnologías de manipulación visual.
La nueva ley eleva a 16 años la edad mínima para consentir el uso de la propia imagen, alineándose con la futura ley de protección de menores en entornos digitales. Además, el texto prevé que los jueces determinen indemnizaciones no simbólicas para las víctimas de intromisiones graves en su honor o imagen, considerando factores como la repercusión social, la reincidencia o la gravedad del daño moral.
El anteproyecto también permitirá prohibir mediante testamento el uso póstumo de la imagen o voz de una persona con fines comerciales, y tipifica como intromisión ilegítima la revelación de detalles de un delito cuando cause un nuevo perjuicio a la víctima.
Excepciones y límites
El texto mantiene las excepciones previstas por la ley de 1982, como las grabaciones autorizadas por un juez o la difusión de información de interés público. No obstante, introduce nuevas excepciones relacionadas con el uso creativo, satírico o de ficción de la IA, siempre que se indique claramente que el contenido ha sido generado mediante estas tecnologías y que no se vulnere la dignidad de la persona afectada.
El jurista Borja Adsuara, experto en derecho digital, se muestra crítico con la reforma: “No se refuerza la protección del derecho al honor porque ya está recogido en la ley. No hace falta retocar las normas con cada tecnología que surge. Se trata de un mero anuncio al hilo de lo sucedido con Grok”, opina.
Un fenómeno global con respuesta europea
El problema de los deepfakes no es exclusivo de España. La Comisión Europea ha exigido a X conservar toda la documentación relativa a Grok durante 2026, en el marco de una investigación sobre su política de contenidos ilegales. Gobiernos como los de Francia, Malasia o Indonesia han ido más allá, llegando incluso a bloquear el acceso a la herramienta.
La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) también ha advertido este martes de los riesgos de manipular imágenes con IA, recordando que cualquier fotografía o vídeo en el que una persona sea identificable constituye un dato personal protegido por el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). La agencia subraya que reenviar, subir o modificar imágenes generadas con IA sin consentimiento “supone un tratamiento de datos personales” y, en muchos casos, puede derivar en delito.
El presidente de la AEPD, Lorenzo Cotino, ha alertado de los “riesgos visibles e invisibles” de estas tecnologías: desde la sexualización de menores hasta la pérdida de control sobre la propia imagen y su uso persistente mediante sistemas automáticos de reconocimiento facial.
La respuesta judicial y los retos pendientes
La nueva legislación pretende cubrir un vacío civil, pero su eficacia dependerá de su aplicación judicial. La dificultad de perseguir a los responsables se multiplica cuando los autores se ocultan tras el anonimato o actúan desde fuera del país. La abogada Pilar Tintoré, especializada en infancia, advierte que “solo se puede actuar cuando víctima o agresor están en territorio nacional”, un límite que en la práctica deja fuera la mayoría de los casos.
Mientras tanto, la Fiscalía estudia un escrito del Ministerio de Juventud e Infancia, dirigido por Sira Rego, en el que se solicita una investigación formal sobre Grok. El ministerio considera que las imágenes sexualizadas de menores difundidas en redes pueden constituir delitos de pornografía infantil o contra la integridad moral.
Hacia una regulación europea
En paralelo, la Unión Europea trabaja en una directiva que penalizará los deepfakes sexuales de menores como pornografía infantil. El texto aún se encuentra en negociación entre el Consejo y el Parlamento, pero la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha calificado de “horrorizantes” las imágenes generadas con Grok. Según el Reglamento de Servicios Digitales (DSA), las plataformas no son responsables del contenido subido por los usuarios, pero sí deben retirarlo cuando sea ilícito y se les notifique.
Sin embargo, expertos como Paloma Llaneza, abogada especializada en derecho digital, creen que la acción política es insuficiente: “Hace falta determinación y cambios legislativos que acaben con la cláusula del buen samaritano”, señala, en referencia a la exención de responsabilidad de las plataformas.
El profesor Ricard Martínez, de la Universidad de Valencia, va más allá: “Ser fuerte con los débiles y débil con los fuertes no es buena política. Ni la CNMC ni la AEPD pueden comportarse como si no se pudiera hacer nada”. Martínez reclama que las instituciones españolas bloqueen las páginas que difundan deepfakes y apliquen la legislación existente.
La aprobación de la nueva ley en España es solo un primer paso. Su entrada en vigor requerirá de mayoría absoluta en el Congreso, una meta difícil en el actual contexto político. Pero, ante el auge de las “ultrasuplantaciones”, el mensaje del Ejecutivo es claro: proteger la dignidad de las personas frente a la manipulación digital ya no es una opción, sino una urgencia democrática.
La fotografía de portada de esta noticia pertenece al gabinete de prensa de La Moncloa (Pool Moncloa y José Manuel Álvarez). En la imagen, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
