Un proyecto aragonés quiere averiguar con inteligencia artificial qué siente quien prueba un alimento. Se llama Food Emotion y aspira a medir la reacción del consumidor con reconocimiento facial, análisis de la postura, procesamiento de audio y lectura de señales cerebrales, para complementar los paneles de cata de toda la vida.
Lo promueven la Asociación de Industrias de Alimentación de Aragón y el Clúster de Alimentación y Nutrición de Aragón, con la participación del Centro de Innovación Gastronómica de Aragón y del Instituto Tecnológico de Aragón, que aporta el trabajo técnico a través de su Laboratorio de Inteligencia Artificial, dirigido por Rafael del Hoyo Alonso.
Los socios celebraron el 16 de julio su primera reunión de coordinación en la sede del centro gastronómico. El proyecto fue seleccionado en 2026 en la convocatoria de Grupos Operativos, con fondos del PEPAC 2023-2027, el programa de desarrollo rural de Aragón, aportados por el Gobierno de Aragón, el Ministerio de Agricultura y la Comisión Europea. Cuenta con 130.000 euros de presupuesto y el objetivo es desarrollarlo hasta 2029.
Qué pretende medir
Todavía no hay plataforma: el trabajo empieza ahora. La idea es combinar cinco tecnologías: reconocimiento facial de emociones, análisis de la postura corporal, procesamiento y análisis de audio, clasificación de señales de electroencefalograma y reconocimiento automático de alimentos y platos mediante visión artificial.
El reto que declaran es entrenar modelos propios del sector agroalimentario que combinen los datos faciales, posturales, auditivos y neuronales obtenidos en catas reales, con personas voluntarias y paneles de degustación. Más adelante estudiarán sacar la herramienta al mercado, con fórmulas como el pago por uso.
No parten de cero: el instituto tecnológico ya enseñó en Madrid Fusión, en enero de 2024, una mesa sensorial desarrollada con el centro gastronómico, con cámara de 360 grados y análisis facial.
El porqué es comercial. Se calcula que solo entre el 5% y el 30% de los nuevos productos de gran consumo llegan a consolidarse en el mercado, así que validar antes de lanzar reduce el riesgo y evita fabricar productos que no van a venderse. Según la información del proyecto, la herramienta permitirá ensayos de aceptación con un nivel de objetividad muy superior al de los métodos tradicionales.
El reglamento europeo duda de la base científica
El Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial expresa serias reservas sobre esta clase de sistemas. No en su articulado, sino en los considerandos que explican por qué se regulan.
Existe una gran preocupación respecto a la base científica de los sistemas de IA que procuran detectar o deducir las emociones, especialmente porque la expresión de las emociones varía de forma considerable entre culturas y situaciones, e incluso en una misma persona. Algunas de las deficiencias principales de estos sistemas son la fiabilidad limitada, la falta de especificidad y la limitada posibilidad de generalizar.
Considerando 44 del Reglamento (UE) 2024/1689
La literatura va en la misma dirección. La revisión de referencia sobre expresiones faciales, firmada por Lisa Feldman Barrett y otros cuatro investigadores en 2019, concluye que hoy no existen medidas objetivas, ni por separado ni como patrón, que identifiquen de forma fiable, unívoca y replicable un caso de una categoría emocional frente al de otra.
Con las medidas neurofisiológicas pasa algo parecido. Una revisión sistemática de 174 estudios de neuromarketing encontró poca consistencia entre trabajos, con resultados dispares al relacionarlas con la preferencia y la compra. Otra revisión del campo subraya que aún está por demostrar que aporten algo por encima de las medidas tradicionales a la hora de predecir preferencias.
Esas revisiones examinan neuromarketing y predicción de compra, no análisis sensorial de alimentos, que es un terreno distinto y con su propia metodología.
Alto riesgo, pero no prohibido
El reglamento clasifica el reconocimiento de emociones como sistema de alto riesgo. Solo lo prohíbe en los centros de trabajo y en los educativos, salvo por motivos médicos o de seguridad, así que una cata con voluntarios queda en principio fuera del veto, aunque sujeta a las obligaciones de alto riesgo, al deber de informar a quienes se sometan al sistema y al tratamiento de datos conforme a la normativa de protección de datos. Ya contamos cómo esa misma norma cambia las reglas en otros sectores y cómo España ha ido encajando su propia ley.
Los responsables hablan de complementar los métodos tradicionales, no de sustituirlos, y de investigar y adaptar modelos, no de tenerlos ya. Con 130.000 euros y cuatro años por delante, lo que arranca es una investigación. La promesa de objetividad tendrán que demostrarla.