La liberación de las periodistas Eréndira Reyes y Alejandra Hermosillo en San Luis Potosí ha marcado un punto de inflexión en la relación entre tecnología y libertad de expresión en México. Tras pasar una semana encarceladas, las comunicadoras recuperaron su libertad mientras organizaciones como Artículo 19 presentaban una iniciativa formal para derogar la llamada Ley Serrano. Este conjunto de reformas, aprobadas a finales de 2025, penaliza con hasta seis años de prisión el uso de inteligencia artificial para difundir contenidos que el gobierno considere falsos o dañinos.
Lo más llamativo de este conflicto es que, lejos de rechazar la tecnología, el gremio periodístico ha salido en su defensa. Los comunicadores argumentan que estas herramientas son esenciales para la labor informativa moderna y que su criminalización es en realidad una forma de censura disfrazada de regulación técnica. El pasado 8 de junio de 2026 se formalizó la petición ante el Congreso local, subrayando que la ambigüedad de la ley permite perseguir a cualquier medio que utilice herramientas digitales para ejercer la crítica política o la sátira, especialmente en un contexto preelectoral de cara a 2027.
La Ley Serrano y la penalización de la edición digital
La denominada Ley Serrano es una reforma al Código Penal del estado que busca castigar el mal uso de la inteligencia artificial. Esta iniciativa fue impulsada por el diputado Héctor Serrano Cortés y cuenta con el respaldo de la bancada del Partido Verde. La norma establece penas severas para quienes utilicen sistemas de cómputo para manipular audios, videos o imágenes de personas, ya sean figuras públicas o ciudadanos comunes, con el fin de causar un daño o generar lo que la ley llama alarma social.
El núcleo del conflicto reside en tres artículos específicos. El artículo 173 tipifica el delito contra la identidad de las personas, mientras que el 272 bis castiga la difusión dolosa de desinformación. Finalmente, el 273 ter se enfoca en la manipulación digital institucional. Según han denunciado expertos legales, estas definiciones son tan amplias que no distinguen entre un intento real de suplantación de identidad y el uso legítimo de herramientas de edición para ilustrar un reportaje o crear contenido satírico.
Para el periodismo actual, la inteligencia artificial no es solo una amenaza, sino un recurso para la verificación de datos y la creación de contenidos visuales complejos. Al tipificar estas acciones como delitos penales, la legislación potosina ha creado un entorno de incertidumbre donde cualquier edición avanzada podría ser interpretada por la fiscalía como una manipulación ilícita. Esto deja a los reporteros en una posición de vulnerabilidad frente al poder estatal, que ahora tiene la facultad de decidir qué uso de la tecnología es aceptable y cuál merece la cárcel.
Por qué el gremio periodístico defiende la tecnología
Resulta paradójico que en un momento de debate global sobre los riesgos de la IA, los periodistas en México sean quienes exigen el derecho a utilizarla sin miedo a represalias penales. La razón es simple, la Ley Serrano se percibe como una herramienta de acoso judicial. Al aplicarse contra comunicadores críticos, la ley ha demostrado que su objetivo real podría no ser la protección de la verdad, sino la inhibición de la crítica. Al defender la inteligencia artificial, los periodistas defienden en realidad su autonomía para elegir las herramientas con las que informan a la ciudadanía.
El uso del derecho penal como primera respuesta ante los avances tecnológicos es lo que más preocupa a las organizaciones de derechos humanos. En lugar de fomentar la alfabetización digital o fortalecer el derecho de réplica por vías civiles, el estado ha optado por la prisión preventiva. Este enfoque tiene consecuencias inmediatas para la libertad de prensa como las que se listan a continuación.
- Genera un efecto inhibitorio que silencia las investigaciones sobre corrupción o nexos políticos.
- Criminaliza géneros periodísticos tradicionales como la parodia o la caricatura digital.
- Otorga facultades extraordinarias a las fiscalías para confiscar equipos de cómputo bajo sospecha de manipulación.
- Establece sanciones desproporcionadas que superan incluso a delitos considerados más graves en el código penal.
La defensa de la tecnología por parte de la prensa también responde a la necesidad de no quedar rezagados en la era digital. Prohibir o criminalizar el uso de sistemas inteligentes en el periodismo es, según los colectivos locales, condenar a los medios a una obsolescencia forzada mientras el resto del mundo integra estas herramientas para mejorar la calidad informativa.
El trasfondo político y la detención de las periodistas
El origen de esta ley está ligado a un episodio ocurrido en octubre de 2025, cuando se difundieron videos que vinculaban al gobernador Ricardo Gallardo con grupos delictivos. El mandatario aseguró que dichos materiales eran deepfakes creados con inteligencia artificial y urgió al Congreso a legislar para castigar a los responsables. La respuesta legislativa fue inusualmente rápida, aprobándose las reformas en menos de un mes sin consultar a expertos en tecnología o derechos digitales.
La aplicación práctica de la ley llegó con la detención de Eréndira Reyes y Alejandra Hermosillo. Las comunicadoras fueron recluidas en el centro de reinserción social conocido como La Pila tras ser acusadas de utilizar estructuras narrativas manipuladas. Aunque finalmente fueron liberadas el pasado 5 de junio, lo hicieron bajo una suspensión condicional del proceso. Esto significa que, a pesar de estar fuera de prisión, deben cumplir con el pago de reparación del daño y reportarse periódicamente ante las autoridades, lo cual es visto por muchos como un castigo anticipado sin sentencia firme.
Desde el Mecanismo Federal de Protección a Periodistas de la Secretaría de Gobernación, se ha calificado esta legislación como regresiva. La consejera Verónica Espinosa ha señalado que la relación entre el gobierno de San Luis Potosí y la prensa ha sido tensa, y que leyes como esta parecen estar dirigidas específicamente a controlar a los medios digitales. Puede encontrarse más información sobre estas denuncias en el sitio oficial de Artículo 19, organización que lidera la defensa legal del gremio.
¿Hacia dónde va la regulación de la IA en México?
El caso potosino es una advertencia para todo el país sobre los peligros de legislar desde la urgencia política y el desconocimiento técnico. La inteligencia artificial requiere marcos legales claros, pero estos deben centrarse en la protección de los derechos humanos y no en la creación de nuevos mecanismos de censura. La iniciativa presentada por los periodistas busca que el debate sobre la tecnología regrese al ámbito de la ética y la educación, alejándolo de los tribunales penales.
El futuro de la comunicación en México dependerá de cómo se resuelva este conflicto. Si la Ley Serrano se mantiene o se replica en otros estados, el periodismo digital enfrentará un desafío existencial donde el uso de cualquier herramienta innovadora podría ser motivo de cárcel. La defensa que hoy hacen los periodistas de la IA es, en última instancia, la defensa del derecho de la sociedad a estar informada de manera libre y sin las ataduras de una legislación que teme a la modernidad.
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