La vertiginosa expansión de la inteligencia artificial depende de una infraestructura física masiva: los centros de datos. Sin embargo, este crecimiento está encontrando una resistencia ciudadana sin precedentes en Estados Unidos. La activista ambiental Erin Brockovich ha lanzado una plataforma para mapear el impacto real de estas instalaciones en las comunidades locales. Con más de 3.000 informes recibidos desde 49 estados hasta finales de mayo de 2026, los datos revelan una creciente tensión entre el progreso tecnológico y la preservación de los recursos naturales. Las preocupaciones ciudadanas no son menores, ya que el 41,2% de los informes señalan el consumo excesivo de agua, mientras que un 22,2% advierte sobre la presión en la red eléctrica. Esta iniciativa es crucial porque traslada el debate desde los algoritmos hacia el territorio, demostrando que la revolución de la IA tiene una huella física que los ciudadanos ya no están dispuestos a ignorar. Desde moratorias en Carolina del Norte hasta demandas en Texas, la carrera por la infraestructura de la IA se está librando pueblo a pueblo, exigiendo transparencia y sostenibilidad.

El Relator Especial de Naciones Unidas sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento, Pedro Arrojo Agudo, ha presentado un informe histórico ante el Consejo de Derechos Humanos en el que reclama una moratoria global en la construcción de centros de datos. El documento advierte de que la expansión descontrolada de estas infraestructuras, impulsada por el auge de la inteligencia artificial y las criptomonedas, supone un “grave riesgo para los ecosistemas acuáticos y para la sostenibilidad energética”. Arrojo alerta de la “opacidad” del sector y denuncia que la falta de transparencia sobre su consumo hídrico y eléctrico amenaza los derechos humanos básicos y compromete los esfuerzos globales contra el cambio climático.