La tensión entre el desarrollo ético de la inteligencia artificial y los intereses de defensa ha estallado en un conflicto legal sin precedentes. Anthropic, la empresa creadora del asistente Claude, ha interpuesto una demanda contra la administración de Donald Trump este lunes 9 de marzo de 2026. El motivo es la reciente designación de la compañía como un "riesgo nacional" para la cadena de suministro por parte del Pentágono. Esta medida, habitualmente reservada para empresas extranjeras hostiles, se produjo después de que la firma dirigida por Dario Amodei se negara a ceder su tecnología al Departamento de Guerra para usos sin restricciones, como la vigilancia masiva o el desarrollo de armas autónomas. La tecnológica alega que el Gobierno está tomando represalias ilegales que vulneran la Primera Enmienda y la libertad de expresión, poniendo en jaque cientos de millones de dólares en contratos. Este enfrentamiento marca un hito en la industria, planteando preguntas cruciales sobre quién debe controlar los límites de la IA en el campo de batalla y si una empresa privada puede imponer principios éticos al propio Estado.

La Unión Europea se encuentra en un momento decisivo para el futuro de nuestra privacidad digital. La propuesta de reglamento conocida popularmente como Chat Control 2.0 ha generado una tormenta política y social en Bruselas, enfrentando la protección de los menores contra el derecho fundamental al secreto de las comunicaciones.

Más de un centenar de científicos, intelectuales, empresarios y dirigentes políticos, entre ellos premios Nobel y Turing, han solicitado ante la Asamblea General de la ONU la creación de “líneas rojas internacionales” que eviten los riesgos inaceptables derivados del avance de la inteligencia artificial. El grupo advierte que el desarrollo de sistemas cada vez más autónomos amenaza con agravar problemas como la desinformación, la manipulación de menores, la inseguridad global y la pérdida de derechos fundamentales. La iniciativa, respaldada por centros académicos y organizaciones internacionales, reclama un acuerdo vinculante que entre en vigor antes de 2026.

Amnistía Internacional acusa al gobierno de Estados Unidos de desplegar tecnologías de inteligencia artificial para vigilar a migrantes y manifestantes pro-palestinos. Según la ONG, herramientas desarrolladas por Babel Street y Palantir estarían siendo usadas para expulsiones masivas, detenciones arbitrarias y control de redes sociales, en un “ciber-veto” sin precedentes contra estudiantes extranjeros y comunidades migrantes.

Una investigación publicada en Nature desvela que la gran mayoría de los estudios sobre visión por computador, un área clave de la inteligencia artificial, están directamente vinculados con el desarrollo de tecnologías de vigilancia. El análisis de más de 19.000 artículos científicos y 23.000 patentes revela que el 90% de ellos extrae datos de humanos, especialmente rostros y cuerpos. El estudio denuncia además un uso generalizado de lenguaje ambiguo que oculta el carácter intrusivo de estas tecnologías, lo que plantea serios desafíos éticos y sociales.

El gobierno británico está desarrollando un sistema de inteligencia artificial capaz de identificar a personas que podrían cometer un asesinato en el futuro. Aunque el Ministerio de Justicia asegura que se trata de una investigación basada solo en datos de personas condenadas, organizaciones como Statewatch denuncian que también se están procesando datos sensibles de víctimas y personas sin antecedentes penales. El proyecto ha sido calificado de “gélido y distópico”.