Meta, la tecnológica estadounidense liderada por Mark Zuckerberg, ha presentado un recurso ante el Tribunal General de la Unión Europea contra la multa de 200 millones de euros impuesta en abril por la Comisión Europea. La sanción se basa en la supuesta infracción de la Ley de Mercados Digitales (DMA) por parte de Meta, que desde 2024 ofrece a los usuarios europeos una opción binaria: pagar una suscripción para no ver publicidad o aceptar anuncios personalizados.
El origen de la sanción: una alternativa incompleta
Según Bruselas, el modelo de “consentimiento o pago” introducido por Meta no cumple con la DMA, que obliga a las grandes plataformas (los llamados gatekeepers) a ofrecer una alternativa que utilice menos datos personales, pero sea funcionalmente equivalente a la versión personalizada. La Comisión argumenta que Meta no ofreció esa tercera opción entre marzo y noviembre de 2024, y que su modelo no permitía un consentimiento realmente libre.
En noviembre de 2024, Meta introdujo una nueva versión con anuncios menos personalizados, pero la Comisión aún está evaluando su eficacia práctica. Mientras tanto, ha dejado claro que la sanción de 200 millones se refiere exclusivamente al periodo anterior a esa modificación.
Meta defiende la legalidad de su modelo
Meta considera que la decisión es “ilegal e incorrecta” y ha defendido su modelo citando una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE de julio de 2023. En ella, la Gran Sala del TJUE determinó que una empresa dominante puede obtener consentimiento válido ofreciendo a los usuarios la opción entre pagar o aceptar publicidad personalizada.
Además, la empresa recuerda que autoridades nacionales y tribunales de protección de datos en Francia, Dinamarca y Alemania han avalado modelos similares. En un mensaje en su blog corporativo, Meta denuncia que la Comisión ignora estas referencias legales y añade que se le impone un estándar más restrictivo que al resto de empresas del sector.
Impacto económico y modelo de negocio en riesgo
Meta también ha defendido el valor económico de su sistema de anuncios personalizados, que en 2024 habría generado 213.000 millones de euros en actividad económica y 1,44 millones de empleos en la Unión Europea. La alternativa con anuncios menos personalizados (Less Personalized Ads) introducida en noviembre ha tenido efectos negativos, según datos internos: los usuarios muestran menor compromiso y las pymes, que dependen de la segmentación efectiva, han visto caer sus conversiones hasta un 70%.
Evita por ahora una sanción mayor
Aunque Meta ha sido multada con 200 millones, ha logrado evitar una sanción periódica del 5% de su facturación global diaria al presentar antes del 26 de junio nuevas modificaciones en su política de anuncios. Tomas Regnier, portavoz de Soberanía Tecnológica de la Comisión, ha señalado que los cambios presentados por Meta “parecen menores” y están siendo evaluados. Sin embargo, si no se demuestra el cumplimiento pleno, la empresa aún se expone a nuevas sanciones coercitivas.
La DMA se estrena con multas a gigantes tecnológicos
La sanción a Meta es una de las primeras impuestas bajo la nueva normativa europea. El mismo día, la Comisión también multó a Apple con 500 millones de euros por impedir a los desarrolladores informar a los usuarios de ofertas fuera de su App Store. A diferencia del caso de Meta, Bruselas cerró una parte de la investigación sobre Apple tras aceptar cambios implementados por la compañía. Apple permitió, por ejemplo, la desinstalación de aplicaciones preinstaladas y facilitó el cambio de configuraciones predeterminadas, medidas que fueron consideradas suficientes por la Comisión para garantizar la elección del usuario.
Desde Bruselas, las vicepresidentas Teresa Ribera y Henna Virkkunen han defendido estas decisiones como esenciales para garantizar la libertad de elección y una competencia leal en el mercado digital. Ribera destacó que “todas las empresas que operan en la UE deben seguir nuestras leyes y respetar los valores europeos”, mientras que Virkkunen aseguró que las plataformas están “obligadas a cambiar su comportamiento” para proteger los derechos de los consumidores y las empresas innovadoras en Europa.
