La Cámara en lo Penal de Esquel (Chubut) anuló una condena penal al descubrir que el juez había usado inteligencia artificial para redactar el fallo. La decisión, inédita en Argentina, reabre el debate sobre los límites éticos y legales del uso de herramientas como ChatGPT en el ámbito judicial.
El caso tuvo lugar en la provincia de Chubut, donde la Cámara en lo Penal de Esquel declaró la nulidad de una sentencia dictada por el juez Carlos Rogelio Richeri el 4 de junio de 2025. El fallo original había condenado a Raúl Amelio Payalef a dos años y seis meses de prisión efectiva por robo, pero fue anulado “de oficio”, sin que ninguna de las partes lo solicitara, después de que los camaristas detectaran una frase que delataba la intervención de una IA: “Aquí tienes el punto IV reeditado, sin citas y listo para copiar y pegar”.
Un precedente inédito en Argentina
La decisión del tribunal generó gran impacto en el mundo jurídico. Según explicó al periódico Clarín Luis García Balcarce, abogado especializado en derechos digitales, la nulidad se basó en “múltiples violaciones constitucionales y procesales”. El especialista señaló que el fallo carecía de transparencia porque el juez no especificó qué sistema de IA había utilizado, qué datos introdujo ni qué instrucciones le dio. “Esta opacidad impide cualquier control sobre posibles sesgos o errores del algoritmo”, advirtió.
Además, la Cámara consideró que el magistrado delegó indebidamente una función jurisdiccional que es personal e indelegable, y que con ello vulneró el principio del juez natural, que impide que una persona sea juzgada por alguien que no sea un juez instituido por ley. “Un algoritmo privado no puede decidir sobre la libertad de las personas”, sostuvo García Balcarce.
Riesgos de privacidad y transparencia
El uso de inteligencia artificial en resoluciones judiciales plantea riesgos serios. Uno de ellos son las llamadas “alucinaciones”, errores o invenciones comunes en sistemas generativos como ChatGPT. Otro problema potencial es la filtración de datos personales: si el juez introdujo información confidencial del caso en la herramienta, esa información podría haber sido almacenada por la empresa desarrolladora o filtrarse en la red.
La IA y el derecho: un dilema global
Este no es un caso aislado. En agosto de 2025, la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Rosario amonestó a un abogado que había presentado citas falsas creadas con inteligencia artificial. El letrado reconoció que había usado un programa de IA generativa que “inventó” jurisprudencia inexistente. “Hasta ahora, los casos solían involucrar a abogados, no a jueces. Por eso este caso es diferente”, explicó Pablo Palazzi, profesor de Derecho en la Universidad de San Andrés.
A nivel internacional, tribunales en Estados Unidos, España, México, Perú y Corea del Sur también han detectado resoluciones redactadas con IA. Según Lucas de Venezia, abogado especializado en Derecho e Inteligencia Artificial, “la utilización de estas herramientas por jueces o fiscales se ha expandido más rápido que el debate ético y normativo que debería acompañarla”.
Un acto de autoridad que no puede delegarse
Para De Venezia, la decisión de la Cámara de Esquel fue “correcta y necesaria para preservar los principios estructurales del proceso”. “El acto jurisdiccional no es una simple declaración: es un acto de autoridad sustentado en el razonamiento humano y la responsabilidad personal del juez. El uso de IA sin control ni supervisión convierte la sentencia en un producto híbrido de dudosa autoría”, explicó.
Palazzi coincidió: “No se puede encargar a un tercero, y menos a una máquina, que decida sobre la libertad de una persona. En este caso, si el condenado tenía antecedentes, podía ir preso. Es un límite muy difícil de cruzar”. El profesor también recordó un detalle curioso: nadie había pedido la nulidad, ni el fiscal ni el imputado. “A veces al condenado le conviene esa pena. Y si él no lo planteó, por garantías constitucionales, no se puede empeorar su situación”, añadió.
Casos similares en el mundo
El uso indebido de la inteligencia artificial en procesos judiciales es un fenómeno en crecimiento. En Estados Unidos, por ejemplo, el caso United States v. Glennie Antonio McGee (octubre de 2025) terminó con una sanción de 5.000 dólares a un abogado por presentar documentos con citas falsas generadas por IA. Casos similares se registraron en Canadá, Bélgica, India y Alemania, donde las cortes impusieron multas o revocaron licencias a letrados que usaron herramientas como ChatGPT o Grammarly para redactar textos judiciales sin supervisión.
Hacia una regulación urgente
El caso de Chubut pone sobre la mesa una discusión que el mundo jurídico aún no ha resuelto: ¿hasta dónde puede llegar la automatización en la justicia? Para De Venezia, “la nulidad no es una sanción excesiva, sino un acto de resguardo institucional”. “El derecho debe reaccionar con severidad ante la sustitución del juicio humano por el automatismo algorítmico”, concluyó.
Por su parte, Palazzi cree que “no hay que demonizar la IA, sino aprender a usarla con conocimiento y criterio”. El debate está empezando, pero la decisión de Esquel marca un precedente: los tribunales argentinos no tolerarán que una sentencia sea escrita (ni siquiera en parte) por una máquina.
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