Argentina se prepara para una transformación legal sin precedentes en su derecho societario. El gobierno de Javier Milei ha presentado un proyecto de ley para crear las Sociedades Automatizadas, una nueva categoría empresarial diseñada para ser operada íntegramente por sistemas algorítmicos y agentes de inteligencia artificial. Esta iniciativa, fechada el 29 de mayo de 2026, busca posicionar al país como un polo de atracción para la inversión tecnológica global. A diferencia de las potencias que compiten en el desarrollo de grandes modelos de lenguaje, Argentina apuesta por ofrecer un marco regulatorio flexible, energía y suelo para albergar estas infraestructuras. La propuesta no solo redefine la operación empresarial al prescindir de empleados humanos en tareas ordinarias, sino que también establece un régimen de responsabilidad patrimonial para la propia entidad ante posibles daños. Es una apuesta estratégica que intenta convertir la desregulación en una ventaja competitiva en la era de la automatización. Este movimiento responde a la visión de que la IA necesita espacio para evolucionar sin las restricciones de normas tradicionales que podrían frenar la innovación antes de que esta florezca.

La vertiginosa expansión de la inteligencia artificial depende de una infraestructura física masiva: los centros de datos. Sin embargo, este crecimiento está encontrando una resistencia ciudadana sin precedentes en Estados Unidos. La activista ambiental Erin Brockovich ha lanzado una plataforma para mapear el impacto real de estas instalaciones en las comunidades locales. Con más de 3.000 informes recibidos desde 49 estados hasta finales de mayo de 2026, los datos revelan una creciente tensión entre el progreso tecnológico y la preservación de los recursos naturales. Las preocupaciones ciudadanas no son menores, ya que el 41,2% de los informes señalan el consumo excesivo de agua, mientras que un 22,2% advierte sobre la presión en la red eléctrica. Esta iniciativa es crucial porque traslada el debate desde los algoritmos hacia el territorio, demostrando que la revolución de la IA tiene una huella física que los ciudadanos ya no están dispuestos a ignorar. Desde moratorias en Carolina del Norte hasta demandas en Texas, la carrera por la infraestructura de la IA se está librando pueblo a pueblo, exigiendo transparencia y sostenibilidad.

OpenAI ha presentado un ambicioso documento de ideas para una nueva política industrial diseñada para la era de la inteligencia artificial. Publicado el 6 de abril de 2026, este conjunto de propuestas busca alejarse de los cambios incrementales para abordar de frente los retos de la superinteligencia. La organización argumenta que las normativas actuales no serán suficientes ante el avance tecnológico acelerado y propone un enfoque centrado en las personas que permita distribuir la prosperidad y fortalecer las instituciones. Para dar vida a estas ideas, OpenAI no solo ha lanzado el documento, sino que ha anunciado incentivos financieros significativos: becas de investigación de hasta 100.000 dólares y créditos de API valorados en hasta un millón de dólares. Además, en mayo de 2026, abrirán un nuevo espacio de debate en Washington, DC, denominado OpenAI Workshop. Esta iniciativa importa porque marca el intento de uno de los principales actores del sector por liderar la conversación regulatoria y económica a nivel global, invitando a gobiernos y ciudadanos a participar en un proceso democrático para refinar estas propuestas iniciales antes de que la tecnología alcance niveles de capacidad difícilmente gestionables.

El Senado de Estados Unidos ha presentado un proyecto de ley que busca arrojar luz sobre el verdadero impacto de la inteligencia artificial en el empleo. La iniciativa, impulsada por los senadores Mark Warner (demócrata) y Josh Hawley (republicano), obligaría a empresas y agencias federales a informar trimestralmente al Departamento de Trabajo sobre cualquier despido, contratación o reducción de personal vinculada al uso de esta tecnología.

Una adolescente de Nueva Jersey ha demandado a la empresa responsable de la aplicación de inteligencia artificial ClothOff, acusándola de permitir la creación y distribución de material sexual explícito falso de menores. La joven, de 15 años, fue víctima cuando compañeros de clase usaron una foto suya en bañador para crear un desnudo manipulado. La denuncia sostiene que los responsables de la app diseñaron su tecnología “para producir imágenes sexualmente explícitas de personas reales, incluidas menores, sin su consentimiento”. Además, solicita al tribunal el cierre de la aplicación, la eliminación de todo el material generado y medidas contra Telegram, donde se compartieron las imágenes.

La UE ha impuesto Un mensaje para avisarlos a todos del uso de la Inteligencia Artificial. Así que, avisados quedáis.

La Cámara en lo Penal de Esquel (Chubut) anuló una condena penal al descubrir que el juez había usado inteligencia artificial para redactar el fallo. La decisión, inédita en Argentina, reabre el debate sobre los límites éticos y legales del uso de herramientas como ChatGPT en el ámbito judicial.

Japón ha dado un paso clave en la regulación de la inteligencia artificial. El Parlamento ha aprobado un proyecto de ley que establece principios y medidas para promover su desarrollo y uso responsable. El texto, que aún debe pasar por la segunda cámara, no prevé sanciones pero sí exige que las empresas sigan las directrices del gobierno. La norma busca reforzar la investigación, fomentar la cooperación internacional y crear una estrategia nacional clara sobre IA, consolidando así la posición de Japón en esta carrera tecnológica.