Perú ha dado un paso decisivo en la regulación del uso de la inteligencia artificial (IA) con la aprobación de la Ley Nº 32314, que modifica el Código Penal y la Ley de Delitos Informáticos para incluir el uso de IA como circunstancia agravante en la comisión de delitos. La norma fue publicada oficialmente el 29 de abril de 2025 en el diario El Peruano y sitúa al país entre los primeros en América Latina en abordar el uso malicioso de esta tecnología emergente.
¿Qué establece la nueva ley?
La ley, firmada por la presidenta Dina Boluarte y el presidente del Consejo de Ministros Gustavo Adrianzén, impone penas más severas para quienes utilicen herramientas basadas en IA en delitos como la difamación, pornografía infantil, estafas, plagio, y violaciones de derechos de autor. Las tecnologías mencionadas incluyen la creación de contenidos manipulados mediante deepfakes, generación de voces falsas o simulación de identidades.
Casos y penas específicas
Uno de los aspectos más llamativos de la Ley 32314 es cómo detalla las circunstancias agravantes:
- Pornografía infantil: el artículo 129-M establece una pena de hasta 10 años de prisión, aumentando hasta 12 en casos graves, cuando se utilicen contenidos generados con IA, incluidos deepfakes.
- Difamación: el artículo 132 sanciona con hasta 3 años de cárcel y 365 días-multa la difusión de información falsa o denigrante creada con IA, ya sea mediante imágenes, vídeos o simulaciones de voz.
- Estafa: el artículo 196-A penaliza con hasta 8 años de prisión los fraudes cometidos manipulando voz, imagen o movimiento corporal con IA para causar daño económico.
- Plagio y derechos de autor: el uso de IA para falsificar, modificar o distribuir obras protegidas sin consentimiento también es severamente castigado, con penas de hasta 8 años, según los artículos 217 a 220-C.
Además, se contemplan penas adicionales para quienes fabriquen o comercialicen dispositivos o servicios diseñados para eludir sistemas de protección digital. Esto incluye software o hardware que facilite la copia o distribución no autorizada de obras protegidas por derechos de autor.
Un marco más robusto para delitos informáticos
La ley también modifica el artículo 11 de la Ley de Delitos Informáticos, incorporando el uso de IA como agravante en cualquier crimen digital. Esto permite que los jueces aumenten las penas hasta en un tercio del máximo establecido, cuando el delito se haya cometido empleando esta tecnología.
Para asegurar su correcta implementación, el Poder Ejecutivo deberá emitir en un plazo de 60 días la normativa complementaria correspondiente, a través de la Presidencia del Consejo de Ministros y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
¿Por qué esta reforma?
El avance de las herramientas de IA ha generado preocupaciones crecientes en cuanto a su uso indebido. Tecnologías capaces de manipular imágenes, vídeos y voces de forma realista pueden ser utilizadas para cometer delitos que dañan la integridad, la reputación y el patrimonio de las personas. En este contexto, el Congreso peruano busca enviar un mensaje claro: la innovación tecnológica debe ir acompañada de responsabilidad penal.
La Ley 32314 también representa un esfuerzo por proteger el ecosistema creativo, muy afectado por las copias ilegales, plagios y suplantaciones de autoría facilitadas por la IA. Con este nuevo marco, se espera que los autores, artistas e intérpretes cuenten con una defensa jurídica más sólida frente a las infracciones digitales.
Consecuencias y retos futuros
La aprobación de esta ley supone un hito legal en la región, al integrar el uso de inteligencia artificial en el corpus penal. Sin embargo, el verdadero desafío será su implementación: formar peritos especializados, actualizar protocolos judiciales y dotar a las autoridades de herramientas técnicas para detectar y probar el uso de IA en hechos delictivos.
Mientras el desarrollo tecnológico avanza sin freno, legislaciones como la peruana apuntan a garantizar que el progreso no se convierta en un arma de doble filo. El equilibrio entre innovación y protección jurídica será clave en esta nueva etapa de la justicia penal digital.
