Se firma un marco jurídico internacional para la inteligencia artificial

Ha comenzado la firma del tratado internacional sobre Inteligencia Artificial Framework Convention. Este tratado vinculante es un instrumento legal que complementa los estándares internacionales existentes en materia de derechos humanos. Tiene como objetivo llenar los vacíos legales que pueden surgir debido a los avances tecnológicos rápidos. Al ser tecnológicamente neutral, no regula tecnologías específicas, lo que le permite adaptarse a los cambios futuros en el campo de la IA.

Este tratado conocido como el Convenio Marco del Consejo de Europa sobre Inteligencia Artificial y derechos humanos, democracia y Estado de derecho (CETS No. 225), fue presentado durante la conferencia de ministros de Justicia del Consejo de Europa en Vilna y ha sido firmado por varios países, incluyendo Andorra, Georgia, Islandia, Noruega, la República de Moldavia, San Marino, el Reino Unido, así como Israel, Estados Unidos y la Unión Europea.

Un tratado internacional colaborativo

La convención fue elaborada a través de un proceso inclusivo que involucró a los 46 Estados miembros del Consejo de Europa, así como a varios Estados observadores y no miembros, lo que refleja un enfoque colaborativo y multilateral en su desarrollo.

El tratado internacional fue negociado por representantes de varios países, incluyendo a los Estados miembros del Consejo de Europa, así como por representantes del sector privado, la sociedad civil y el mundo académico, quienes participaron como observadores en el proceso. La elaboración del tratado comenzó en 2019, cuando se formó un comité ad hoc para examinar la viabilidad de un instrumento de este tipo, y fue sucedido en 2022 por un comité que redactó y negoció el texto final.

La secretaria general del Consejo de Europa, Marija Pejčinović, destacó la importancia de este tratado, afirmando que es fundamental asegurar que el crecimiento de la IA respete y mantenga las normas democráticas y de derechos humanos. El Convenio Marco es el resultado de un enfoque inclusivo que ha permitido incorporar diversas perspectivas y experticias en su redacción, lo que lo convierte en un documento robusto y equilibrado.

El tratado entrará en vigor el primer día del mes siguiente a la expiración de un período de tres meses desde que cinco signatarios, incluidos al menos tres Estados miembros del Consejo de Europa, lo hayan ratificado. Esto significa que países de todo el mundo podrán unirse y comprometerse a cumplir con sus disposiciones, lo que podría tener un impacto significativo en la regulación de la IA a nivel global.

Es decir, el tratado internacional ya ha sido firmado, pero los países deben ratificar esta firma mediante la  aprobación del órgano legislativo de su país, lo que convierte al tratado en parte del derecho nacional y, por lo tanto, aplicable.

Frameworkd Convention

Los convenios marco son instrumentos legales vinculantes que complementan los estándares internacionales existentes en materia de derechos. En este caso, establece un marco legal para regular el uso de sistemas de inteligencia artificial (IA) en relación con los derechos humanos, la democracia y el Estado de derecho. Este tipo de convención busca asegurar que las actividades relacionadas con la IA sean coherentes con estos principios fundamentales, al mismo tiempo que promueve el progreso y la innovación tecnológica. Se busca garantizar que las actividades relacionadas con la IA cumplan con principios fundamentales como la dignidad humana, la igualdad, la transparencia y la responsabilidad, entre otros.

Este tratado proporciona un marco legal que abarca todo el ciclo de vida de los sistemas de IA, promoviendo tanto el progreso como la innovación en este campo, al mismo tiempo que gestiona los riesgos que la IA puede representar para los derechos humanos y la democracia. Es importante señalar que el convenio es tecnológicamente neutral, lo que significa que no se centra en regular tecnologías específicas, sino que establece principios generales que deben ser respetados.

La fotografía de portada de esta noticia pertenece al Consejo de Europa.

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