El Ejército de Estados Unidos a anunciado la integración de tecnología avanzada dentro de sus operaciones regionales. El pasado martes 21 de abril, el general Francis L. Donovan, comandante del Comando Sur de los Estados Unidos (SOUTHCOM), ordenó la creación del Comando de Guerra Autónoma del Comando Sur (SAWC, por sus siglas en inglés). Esta nueva unidad tiene como objetivo principal el despliegue de sistemas autónomos y no tripulados en tierra, mar, aire, espacio y el ciberespacio de América Latina y el Caribe. Esta iniciativa no es solo una evolución técnica, sino una estrategia operativa que busca enfrentar retos complejos como las redes de narcotráfico y los carteles, además de mejorar la capacidad de respuesta ante desastres naturales a gran escala. Al aprovechar el ecosistema de defensa estadounidense y trabajar estrechamente con socios regionales, el SAWC pretende asegurar una ventaja operativa mediante el uso de inteligencia artificial. La creación de esta unidad, con base en Doral, Florida, marca la primera vez que un comando de combate estadounidense establece una división dedicada exclusivamente a la gestión de tecnología autónoma en la región, subrayando la creciente importancia de la automatización en la seguridad del hemisferio occidental.

La tensión entre el desarrollo ético de la inteligencia artificial y los intereses de defensa ha estallado en un conflicto legal sin precedentes. Anthropic, la empresa creadora del asistente Claude, ha interpuesto una demanda contra la administración de Donald Trump este lunes 9 de marzo de 2026. El motivo es la reciente designación de la compañía como un "riesgo nacional" para la cadena de suministro por parte del Pentágono. Esta medida, habitualmente reservada para empresas extranjeras hostiles, se produjo después de que la firma dirigida por Dario Amodei se negara a ceder su tecnología al Departamento de Guerra para usos sin restricciones, como la vigilancia masiva o el desarrollo de armas autónomas. La tecnológica alega que el Gobierno está tomando represalias ilegales que vulneran la Primera Enmienda y la libertad de expresión, poniendo en jaque cientos de millones de dólares en contratos. Este enfrentamiento marca un hito en la industria, planteando preguntas cruciales sobre quién debe controlar los límites de la IA en el campo de batalla y si una empresa privada puede imponer principios éticos al propio Estado.