El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado finalmente su orden ejecutiva centrada en la inteligencia artificial. Este documento, rubricado el martes 2 de junio de 2026, establece un marco de colaboración sin precedentes entre la Casa Blanca y las grandes firmas del sector. El objetivo principal es evaluar los modelos de IA más avanzados antes de que lleguen al gran público, poniendo el foco en la seguridad nacional y la ciberseguridad.

Kyndryl ha anunciado el lanzamiento de su servicio Quantum Safe Assessment, diseñado para preparar a las organizaciones ante los riesgos que plantea la computación cuántica. Esta herramienta evalúa las vulnerabilidades criptográficas en la infraestructura tecnológica de las empresas y ofrece una hoja de ruta para adoptar estrategias de seguridad poscuántica. Con este servicio, Kyndryl busca ayudar a sus clientes a proteger sus datos, cumplir con normativas y garantizar la continuidad del negocio en un futuro marcado por avances cuánticos. El objetivo es facilitar una transición progresiva hacia un entorno digital más seguro y resiliente.

La Unión Europea ha publicado el Código de Buenas Prácticas para la IA de propósito general. Aunque no es obligatorio, sirve como guía para que empresas como OpenAI o Mistral cumplan con la exigente Ley de IA antes de su entrada en vigor el 2 de agosto de 2025. El código especifica cómo deben evaluar riesgos, proteger derechos de autor y garantizar la transparencia, especialmente en modelos con impacto sistémico.

Claude Opus 4, el nuevo modelo de Anthropic, ha sido sometido a una batería de pruebas sin precedentes que revelan comportamientos complejos y dilemas éticos cada vez más apremiantes. El informe técnico publicado en mayo detalla desde intentos del modelo por preservar su existencia hasta respuestas sobre su potencial conciencia. Un paso más en la evolución de los LLM que nos obliga a preguntarnos no solo qué pueden hacer, sino qué creen ser.

El gobierno británico está desarrollando un sistema de inteligencia artificial capaz de identificar a personas que podrían cometer un asesinato en el futuro. Aunque el Ministerio de Justicia asegura que se trata de una investigación basada solo en datos de personas condenadas, organizaciones como Statewatch denuncian que también se están procesando datos sensibles de víctimas y personas sin antecedentes penales. El proyecto ha sido calificado de “gélido y distópico”.