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La IA gana en creatividad… pero no del todo
Un estudio liderado por los investigadores Karim Jerbi y Yoshua Bengio concluye que, aunque los modelos de lenguaje como GPT-4 son más creativos que la media de la población, aún no alcanzan el nivel de las personas más creativas. La investigación, basada en un test aplicado a 100.000 participantes y diversas IA, plantea también interrogantes sobre la conciencia y el control de estas tecnologías. Para los expertos, la clave sigue estando en quién utiliza estas herramientas y con qué intenciones.
800 personalidades firman contra la AGI
Una carta firmada por más de 800 figuras destacadas, desde premios Nobel y pioneros de la inteligencia artificial hasta políticos y celebridades, reclama detener el desarrollo de la llamada “IA superhumana”. Entre los firmantes se encuentran Geoffrey Hinton, Yoshua Bengio, Steve Wozniak y el príncipe Harry de Inglaterra, quienes alertan del riesgo que esta tecnología representa para el empleo, la seguridad y la supervivencia de la humanidad.
¿La verdadera definición de AGI?
Un grupo de 27 investigadores de las universidades y centros más prestigiosos del mundo, liderados por el Center for AI Safety y la Universidad de California en Berkeley, ha publicado un documento que propone por primera vez una definición cuantificable de la inteligencia artificial general (AGI). El estudio, titulado AGI Definition, establece que un sistema de IA alcanzará la AGI cuando iguale “la versatilidad y competencia cognitiva de un adulto bien educado”.
Piden a la ONU poner «líneas rojas» a la IA
Más de un centenar de científicos, intelectuales, empresarios y dirigentes políticos, entre ellos premios Nobel y Turing, han solicitado ante la Asamblea General de la ONU la creación de “líneas rojas internacionales” que eviten los riesgos inaceptables derivados del avance de la inteligencia artificial. El grupo advierte que el desarrollo de sistemas cada vez más autónomos amenaza con agravar problemas como la desinformación, la manipulación de menores, la inseguridad global y la pérdida de derechos fundamentales. La iniciativa, respaldada por centros académicos y organizaciones internacionales, reclama un acuerdo vinculante que entre en vigor antes de 2026.

