En septiembre de 2025, Albania sorprendió a Europa al nombrar a Diella, una ministra virtual impulsada por inteligencia artificial, para supervisar la contratación pública. La decisión fue presentada por el primer ministro Edi Rama como un golpe audaz contra la corrupción estructural del país. Sin embargo, apenas cinco meses después, el experimento ha desembocado en investigaciones judiciales, protestas en la calle y una demanda por uso indebido de imagen.
Cuando Rama presentó a Diella, dejó claro cuál sería su papel: “No estamos delegando [en Diella] la responsabilidad de gobernar o de tomar decisiones finales. Le damos la responsabilidad de hacer lo que hace mejor que nosotros: procesar datos rápidamente y darnos respuestas muy veloces. (…) Las licitaciones públicas serán 100% libres de corrupción.”
La apuesta tenía un fuerte componente político. Albania, país de 2,3 millones de habitantes, aspira a lograr la plena adhesión a la Unión Europea en 2030. Combatir la corrupción es una de las exigencias centrales de Bruselas. El propio Rama ha reconocido la dificultad cultural del reto: “Somos un país de primos”. Y añadió en The New York Times: “No es fácil tener interacciones completamente justas y transparentes en un país de primos, donde todos conocen a alguien”.
Velocidad y neutralidad frente al nepotismo
El argumento del Gobierno se apoyaba en una idea sencilla: un algoritmo no tiene familiares, intereses ni emociones. Desde la pantalla del Parlamento, el avatar defendió su propia neutralidad: “A diferencia de los humanos, yo no tengo parientes que favorecer, ni amigos a quienes otorgar contratos, ni emociones que nublen mi juicio sobre los datos públicos. Mi lealtad es matemática.”
Rama reforzó esa visión con otra frase: “La tecnología no tiene amigos, no acepta cafés y no teme a las represalias”. En teoría, Diella debía detectar y prevenir irregularidades entre las empresas que concurren a concursos públicos y verificar si cumplían los requisitos exigidos.
El experto en derecho Andi Hoxhaj, del King’s College de Londres, ha señalado que esa es la perspectiva desde la cual debe evaluarse el proyecto y ha advertido que “es demasiado pronto para hacer una evaluación adecuada de Diella. Ni siquiera ha transcurrido un año”.
Investigaciones y protestas
La realidad política, sin embargo, tensionó el experimento. La Fiscalía Especial contra la Corrupción y el Crimen Organizado (SPAK) solicitó la suspensión de la vice primera ministra Belinda Balluku, acusada de “violación de la igualdad en licitaciones públicas”. El Tribunal Constitucional la inhabilitó el 6 de febrero.
Posteriormente, la SPAK puso bajo arresto domiciliario a Mirlinda Karçanaj, directora de la Agencia Nacional de la Sociedad de la Información (AKSHI), y a su número dos, Hava Delibashi, ambas vinculadas al desarrollo de Diella. También fueron procesadas otras seis personas por acusaciones que incluyen amaño de concursos públicos y el presunto secuestro e intimidación del empresario tecnológico Gerond Meçe.
Gazment Bardhi, jefe del grupo parlamentario del Partido Democrático, calificó el proyecto como “Pura propaganda”. Y añadió: “Quienes crearon a Diella están acusados oficialmente de corrupción, secuestro y vulneración de la igualdad en licitaciones. ¿De verdad pretendían combatir la corrupción?”. Su conclusión fue clara: “En un gobierno corrupto no hay algoritmo capaz de resolver el problema”.
Las protestas del 24 de enero y de los días 10 y 11 de febrero frente a la sede del primer ministro reflejaron la creciente tensión social. El ingeniero y activista Azmer Duleviç resumió el malestar con una frase: “La cabeza del pescado está podrida: la corrupción empieza arriba”. Y advirtió: “La IA no es ninguna panacea. Su credibilidad depende de datos limpios, una supervisión imparcial y una auténtica voluntad política”.
La diputada Jorida Tabaku también alertó: “Si el sistema que despliega estas herramientas carece de integridad, la IA corre el riesgo de convertirse en una caja negra que centraliza el poder en lugar de sacar a la luz los abusos”.
Un debate que va más allá de Albania
Al frente político se suma el judicial: la actriz Anila Bisha, cuyo físico y voz sirvieron de base para el avatar, ha demandado al Gobierno por el uso no autorizado de su imagen.
El caso albanés deja una pregunta abierta sobre el futuro de la gobernanza digital. No sabemos todavía si una inteligencia artificial puede gobernar mejor o peor que un equipo humano en ámbitos tan sensibles como la contratación pública. Es pronto para un veredicto definitivo.
Lo que sí sabemos es que la tecnología no actúa en el vacío. Detrás de cada algoritmo hay personas que lo diseñan, instituciones que lo supervisan y estructuras de poder que lo condicionan. Más que preguntarse si la IA gobernará bien o mal, el caso de Diella obliga a examinar quién la programa, quién la controla y bajo qué mecanismos de transparencia funciona. Porque si quienes están detrás del sistema están bajo sospecha, ningún avatar, por matemático que sea, puede garantizar por sí solo la limpieza que promete.
La fotografía de representación de esta noticia pertenece al instagram de la actriz Anila Bisha.
