En septiembre de 2025, Albania sorprendió a Europa al nombrar a Diella, una ministra virtual impulsada por inteligencia artificial, para supervisar la contratación pública. La decisión, presentada como un golpe audaz contra la corrupción estructural del país, ha derivado en investigaciones judiciales, protestas en la calle y una demanda por uso indebido de imagen. Cinco meses después, el experimento plantea una pregunta incómoda: ¿era una solución tecnológica innovadora o un error político de alto riesgo?

Por primera vez en Argentina, una inteligencia artificial ha sido designada como funcionaria pública. Se trata de ZARA, un chatbot que fue nombrado Directora General de Atención al Vecino No Humana en el municipio de Zárate. Esta iniciativa pionera permitirá que la IA gestione trámites y firme resoluciones, ofreciendo atención 24/7 a los vecinos. El intendente Marcelo Matzkin impulsó esta medida para agilizar los servicios municipales, sin afectar los puestos de trabajo existentes. Zárate busca convertirse en un centro de innovación en IA y ya ofrece beneficios fiscales a empresas del sector.

Tras convertirse en el primer país con una ministra creada por inteligencia artificial, Albania ha dado un nuevo paso con el nacimiento simbólico de los “83 hijos” de Diella, asistentes virtuales que acompañarán a cada parlamentario. El primer ministro Edi Rama asegura que estos agentes digitales participarán en las sesiones, tomarán notas y ofrecerán asesoramiento legislativo. La medida busca reforzar la transparencia y digitalización institucional, pero ha reabierto el debate sobre los límites éticos de la inteligencia artificial en la política.

Albania ha dado un paso sin precedentes al nombrar a una inteligencia artificial como ministra encargada de la contratación pública. El primer ministro Edi Rama presentó a Diella, un bot de IA, como la solución para erradicar la corrupción en los concursos públicos. Según Reuters, se trata del primer miembro del gabinete generado virtualmente, sin presencia física, con la misión de gestionar y adjudicar todos los contratos del Estado sin posibilidad de ser sobornado o manipulado.