El Gobierno de España ha decidido ampliar su candidatura para albergar una de las futuras gigafactorías europeas de inteligencia artificial incluyendo a la Comunidad de Madrid junto a Cataluña. La propuesta, impulsada por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, aspira a convertir a España en un eje clave del desarrollo tecnológico europeo. Con una inversión público-privada estimada en más de 4.000 millones de euros, el proyecto se apoya en infraestructuras punteras en Tarragona y Madrid, con el respaldo de organismos como la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica.

El Consejo de Ministros ha aprobado un anteproyecto de ley que busca actualizar la protección civil del derecho al honor, la intimidad y la propia imagen frente al auge de los deepfakes. La reforma, impulsada tras casos recientes de manipulación de imágenes de menores, considera ilegítimo el uso sin autorización de la imagen o la voz de una persona generada mediante inteligencia artificial.

Eslovenia quiere convertirse en el primer país del mundo en ofrecer una plataforma nacional de inteligencia artificial generativa con acceso gratuito para todos sus ciudadanos. El proyecto, impulsado por el primer ministro Robert Golob, promete garantizar la privacidad y soberanía digital, pero ya ha despertado las críticas de expertos y organizaciones preocupados por la dependencia tecnológica de grandes corporaciones extranjeras, los riesgos medioambientales y la falta de transparencia. La plataforma estará disponible en 2026 y contará con una inversión de 10 millones de euros anuales.

La Comisión Europea ha abierto una investigación antimonopolio contra Google por presuntamente utilizar contenido de medios y creadores de YouTube para entrenar sus modelos de inteligencia artificial sin compensarles ni permitirles negarse. El caso podría derivar en una sanción histórica y marca un nuevo pulso entre Bruselas y las tecnológicas estadounidenses.

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha impuesto una sanción de 2.000 euros —reducida a 1.200 por pronto pago— al responsable de difundir un desnudo falso creado mediante inteligencia artificial (*deepfake*). La resolución, la primera de este tipo en Europa, coincide con las fechas del escándalo de Almendralejo, donde se viralizaron imágenes manipuladas de al menos 20 menores. La multa marca un precedente en la protección del derecho a la imagen en la era de la IA.

La Comisión Europea ha presentado en Copenhague RAISE, un nuevo instituto virtual que reunirá recursos clave para aplicar inteligencia artificial en la ciencia. Con una inversión inicial de 107 millones de euros, el proyecto busca potenciar la investigación científica en Europa, desde la salud hasta el cambio climático. Esta iniciativa refuerza la estrategia europea para liderar la innovación tecnológica frente a la fuga de cerebros provocada por las políticas científicas restrictivas de Estados Unidos.

Tras convertirse en el primer país con una ministra creada por inteligencia artificial, Albania ha dado un nuevo paso con el nacimiento simbólico de los “83 hijos” de Diella, asistentes virtuales que acompañarán a cada parlamentario. El primer ministro Edi Rama asegura que estos agentes digitales participarán en las sesiones, tomarán notas y ofrecerán asesoramiento legislativo. La medida busca reforzar la transparencia y digitalización institucional, pero ha reabierto el debate sobre los límites éticos de la inteligencia artificial en la política.

La Federación Italiana de Editores de Periódicos (FIEG) ha presentado una queja formal ante el regulador de las comunicaciones, AGCOM, contra el servicio AI Overviews de Google, una función que ofrece resúmenes generados por inteligencia artificial directamente en los resultados de búsqueda. Según FIEG, esta herramienta está reduciendo drásticamente el tráfico hacia las webs de los medios de comunicación, lo que supone un golpe para su sostenibilidad económica y para la pluralidad informativa. La organización denuncia que Google “se está convirtiendo en un traffic killer”, ya que prioriza sus respuestas automáticas frente a las fuentes originales, en una práctica que podría violar la Ley de Servicios Digitales (DSA) de la Unión Europea.