La compañía de ciberseguridad Armis prevé que 2026 será un año clave para la transformación del sector ante el auge de amenazas impulsadas por inteligencia artificial. Desde ataques automatizados hasta fraudes con identidades sintéticas, las organizaciones deberán evolucionar hacia modelos predictivos y estratégicos para proteger sus activos y servicios críticos. Armis propone una gestión continua de la exposición cibernética y mayor visibilidad en entornos IT, OT e IoT como claves para afrontar un escenario cada vez más complejo y peligroso.

Una espectacular nevada en Kamchatka ha sido utilizada para difundir vídeos falsos generados por inteligencia artificial. Aunque el temporal fue real, varias imágenes impactantes que circularon por redes sociales y medios eran deepfakes. El caso ha reabierto el debate sobre la fiabilidad de las imágenes online, el papel de los medios y nuestra capacidad de discernir lo verdadero en la era digital.

La tercera edición del Observatorio de la Sostenibilidad de la Cultura Escrita, promovido por CEDRO, revela que la sociedad española percibe la inteligencia artificial generativa como una amenaza para la cultura escrita, el talento humano y el pensamiento crítico. El estudio muestra un uso creciente de herramientas como ChatGPT, pero también una firme defensa de los derechos de autor y una exigencia clara hacia las Administraciones para que regulen su impacto. El 88,7 % de los encuestados vincula el progreso sostenible a la protección efectiva de los creadores, y más del 89 % cree que el Estado debe intervenir para frenar los efectos negativos de la automatización.

Un estudio coordinado por la Unión Europea de Radiodifusión (UER) y liderado por la BBC ha revelado que el 45 % de las respuestas de los principales asistentes de inteligencia artificial —ChatGPT, Copilot, Gemini y Perplexity— presentan errores significativos al tratar información basada en noticias. La investigación, en la que participaron 22 medios públicos de 18 países, incluidas RTVE, DW y CBC/Radio-Canada, detectó fallos graves en precisión, atribución de fuentes y contexto, lo que pone en riesgo la confianza pública y plantea la necesidad de una mayor responsabilidad informativa por parte de las empresas tecnológicas.

OpenAI ha bloqueado la creación de vídeos generados por inteligencia artificial que mostraban a Martin Luther King Jr tras recibir una petición formal de su familia. La empresa reconoció que su herramienta Sora había producido contenidos “faltos de respeto” hacia el líder del movimiento por los derechos civiles, y anunció que detendrá temporalmente cualquier recreación del activista mientras refuerza sus medidas de seguridad.

La Federación Italiana de Editores de Periódicos (FIEG) ha presentado una queja formal ante el regulador de las comunicaciones, AGCOM, contra el servicio AI Overviews de Google, una función que ofrece resúmenes generados por inteligencia artificial directamente en los resultados de búsqueda. Según FIEG, esta herramienta está reduciendo drásticamente el tráfico hacia las webs de los medios de comunicación, lo que supone un golpe para su sostenibilidad económica y para la pluralidad informativa. La organización denuncia que Google “se está convirtiendo en un traffic killer”, ya que prioriza sus respuestas automáticas frente a las fuentes originales, en una práctica que podría violar la Ley de Servicios Digitales (DSA) de la Unión Europea.

El Secretario General de la ONU, António Guterres, advirtió en el Consejo de Seguridad que la inteligencia artificial no puede quedar fuera del control humano. Pidió la prohibición de armas autónomas y marcos regulatorios globales para garantizar un uso responsable de la tecnología.

Más de un centenar de científicos, intelectuales, empresarios y dirigentes políticos, entre ellos premios Nobel y Turing, han solicitado ante la Asamblea General de la ONU la creación de “líneas rojas internacionales” que eviten los riesgos inaceptables derivados del avance de la inteligencia artificial. El grupo advierte que el desarrollo de sistemas cada vez más autónomos amenaza con agravar problemas como la desinformación, la manipulación de menores, la inseguridad global y la pérdida de derechos fundamentales. La iniciativa, respaldada por centros académicos y organizaciones internacionales, reclama un acuerdo vinculante que entre en vigor antes de 2026.