El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha dado un paso decisivo en su transformación digital al incorporar tres herramientas de inteligencia artificial (IA) en su Biblioteca colegial: GenIA-L, Sof-IA y Vincent IA. Estas soluciones, desarrolladas por Lefebvre, Tirant y vLex respectivamente, buscan mejorar el acceso al conocimiento jurídico, optimizar los flujos de trabajo y apoyar a los colegiados con recursos tecnológicos de última generación.

España se ha consolidado como uno de los países europeos más avanzados en inteligencia artificial. Cuenta con más de 2.800 empresas nativas de esta tecnología, que emplean a más de 100.000 personas, y pronto será uno de los tres únicos países europeos con dos centros de supercomputación. La inversión pública, el liderazgo normativo y el impulso a un modelo lingüístico propio en castellano y lenguas cooficiales refuerzan una estrategia que busca posicionar al país como potencia tecnológica global. Sin embargo, persisten desafíos como la brecha regional, el desconocimiento generalizado y el impacto ambiental.

Eslovenia quiere convertirse en el primer país del mundo en ofrecer una plataforma nacional de inteligencia artificial generativa con acceso gratuito para todos sus ciudadanos. El proyecto, impulsado por el primer ministro Robert Golob, promete garantizar la privacidad y soberanía digital, pero ya ha despertado las críticas de expertos y organizaciones preocupados por la dependencia tecnológica de grandes corporaciones extranjeras, los riesgos medioambientales y la falta de transparencia. La plataforma estará disponible en 2026 y contará con una inversión de 10 millones de euros anuales.

La tercera edición del Observatorio de la Sostenibilidad de la Cultura Escrita, promovido por CEDRO, revela que la sociedad española percibe la inteligencia artificial generativa como una amenaza para la cultura escrita, el talento humano y el pensamiento crítico. El estudio muestra un uso creciente de herramientas como ChatGPT, pero también una firme defensa de los derechos de autor y una exigencia clara hacia las Administraciones para que regulen su impacto. El 88,7 % de los encuestados vincula el progreso sostenible a la protección efectiva de los creadores, y más del 89 % cree que el Estado debe intervenir para frenar los efectos negativos de la automatización.

Tras convertirse en el primer país con una ministra creada por inteligencia artificial, Albania ha dado un nuevo paso con el nacimiento simbólico de los “83 hijos” de Diella, asistentes virtuales que acompañarán a cada parlamentario. El primer ministro Edi Rama asegura que estos agentes digitales participarán en las sesiones, tomarán notas y ofrecerán asesoramiento legislativo. La medida busca reforzar la transparencia y digitalización institucional, pero ha reabierto el debate sobre los límites éticos de la inteligencia artificial en la política.

Deloitte reembolsa parte de los 440.000 dólares cobrados al Gobierno australiano tras admitir que utilizó inteligencia artificial generativa en un informe que contenía errores y citas falsas. El caso ha reabierto el debate sobre el uso de IA sin supervisión humana en trabajos oficiales.

Nintendo niega haber presionado al gobierno japonés sobre la regulación de la IA generativa tras las declaraciones de un político que tuvo que rectificar. La compañía reitera que seguirá tomando medidas contra cualquier uso no autorizado de sus marcas, sea o no generado por IA, y mantiene su apuesta por la creatividad humana en el desarrollo de videojuegos.

California ha aprobado la ley SB 53, convirtiéndose en el primer estado de EE. UU. en imponer normas de transparencia y seguridad a las grandes empresas de inteligencia artificial. Firmada por el gobernador Gavin Newsom, la ley obliga a compañías como Google, Meta, OpenAI o Anthropic a publicar sus protocolos de seguridad y reportar incidentes críticos. La legislación, impulsada por el senador Scott Wiener, busca conciliar la innovación con la protección del público y establece un precedente frente a la falta de regulación federal. A pesar de la oposición inicial de la industria, SB 53 ha sido reconocida como un modelo potencial para futuras normativas nacionales.