Los centros de datos de IA encarecen la luz de las familias en EE. UU., y España mueve ficha

La inteligencia artificial necesita cada vez más electricidad, y en Estados Unidos la cuenta empieza a llegar a los hogares. El precio de la luz sube, los centros de datos se multiplican y el asunto ha sido uno de los temas de campaña de las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre, que han dado a los demócratas el control del Congreso, un revés para Donald Trump.

Mientras, las tecnológicas buscan salidas. Google acaba de ejecutar por primera vez un modelo de IA en uno de sus chips TPU en órbita, el primer paso de su proyecto para llevar centros de datos al espacio. Y en España, donde los proyectos crecen a gran velocidad, el Gobierno prepara un real decreto para evitar que ese auge acabe encareciendo el recibo de todos.

La factura sube en EE. UU.

Según las previsiones de la Administración de Información Energética (EIA), el precio medio de la electricidad para los hogares pasará de 16,5 centavos de dólar por kilovatio hora en 2024 a 18,2 en 2026, alrededor de un 10 % más. En los doce meses hasta septiembre, la electricidad se encareció un 4,4 %, por encima de la inflación general, del 3,7 %, según la Oficina de Estadísticas Laborales.

Los centros de datos son una de las causas. Ya consumían el 4,4 % de la electricidad del país en 2023, y podrían llegar a entre el 6,7 % y el 12 % en 2028, según el Lawrence Berkeley National Laboratory. A escala mundial, la tendencia es la misma: en 2030 la IA gastará el equivalente al consumo actual de electricidad de Japón.

Donde más se nota es en PJM, el mayor operador de la red eléctrica del país, que abastece a 13 estados y a Washington D. C.

Su subasta de capacidad, en la que se paga por garantizar que haya potencia suficiente disponible, se ha disparado. Según el supervisor independiente de ese mercado, los centros de datos encarecieron la subasta en 7.300 millones de dólares para el periodo de junio de 2026 a mayo de 2027, y en 6.500 millones, el 40 % del total, para el año siguiente.

De esa última cifra, unos 6.200 millones corresponden a centros de datos que todavía no se han construido.

Ese coste acaba en el recibo. El centro de análisis IEEFA calculó que la subasta para el periodo de junio de 2025 a mayo de 2026 añadiría unos 16 dólares al mes a la factura media de un hogar de Ohio y unos 18 en el oeste de Maryland.

El supervisor del mercado atribuyó a los centros de datos el 63 % de la subida de precios de aquella subasta.

Un estudio de la Reserva Federal de Dallas estima que, hasta 2025, los centros de datos elevaron un 6,9 % los precios mayoristas de la electricidad en el conjunto del país y un 15 % en el norte de Virginia, donde se concentra buena parte de estas instalaciones.

Para 2028, el efecto nacional llegaría al 12,3 %. Son estimaciones de un documento de trabajo, que señala además que la subida se extiende a regiones con pocos centros de datos a través del comercio de electricidad entre zonas.

De la factura a las urnas

El malestar llegó a la campaña. Según la consultora AdImpact, citada por NPR, a principios de septiembre ya se habían emitido más de 45 millones de dólares en anuncios electorales que mencionaban los centros de datos, en las carreras a gobernador, a la Cámara de Representantes y al Senado.

En Pensilvania, el gobernador demócrata, Josh Shapiro, que ha ganado la reelección, había sacado a los centros de datos de la vía rápida de permisos mediante una orden ejecutiva. Su rival republicana, Stacy Garrity, prometía una pausa, y la campaña de Garrity llamó a Shapiro «el mayor animador de los centros de datos del país», según Route Fifty.

Candidatos en al menos 16 de las 36 elecciones a gobernador defendían una moratoria, según MultiState. Y Ballotpedia contabilizaba este año al menos 50 consultas locales sobre centros de datos en 13 estados, la mayoría votadas el 3 de noviembre, sobre prohibiciones o moratorias, recalificaciones de suelo, incentivos fiscales o límites de potencia.

Los primeros resultados muestran el rechazo. Ohio concentraba 21 de esas consultas, y según los datos provisionales recogidos por Fortune, al menos 14 municipios aprobaron prohibiciones u otras restricciones, como Sunbury, Pataskala o Trenton, donde la prohibición salió adelante con el 80 % de los votos.

Ohio es el mejor ejemplo del malestar. Allí la factura eléctrica de un hogar tipo era en julio un 12 % más cara que un año antes y un 62 % más que hace una década, según los datos estatales recogidos por Signal Ohio. La demócrata Amy Acton, que defendía una moratoria condicionada, ha ganado la carrera a gobernador frente al republicano Vivek Ramaswamy.

En ese mismo estado, el demócrata Sherrod Brown, partidario de que los centros de datos paguen el coste completo de la electricidad que consumen, ha arrebatado el escaño del Senado al republicano Jon Husted.

Aun así, no fue el tema decisivo. Según la encuesta AP Voter Poll, menos votantes consideraron cruciales para su voto los centros de datos que el coste de la vida o la corrupción.

El rechazo también se ha visto en la calle. Para el 18 de julio se convocaron protestas contra los centros de datos de IA en al menos 125 lugares del país, organizadas por el grupo HumansFirst, según Reuters.

La opinión pública también ha cambiado. Siete de cada diez estadounidenses se oponen a que se construya un centro de datos para IA cerca de su casa, según Gallup, más de los que rechazan una central nuclear (53 %). La mitad de quienes se oponen lo hacen por el consumo de recursos como el agua o la energía, y alrededor de uno de cada cinco cita perjuicios económicos, como facturas más altas.

La oposición local ha sumado incluso a figuras como Erin Brockovich.

Algunos reguladores ya reaccionan. En Ohio, los nuevos grandes centros de datos que se conecten a la red de la eléctrica AEP deberán pagar al menos el 85 % de la energía contratada durante 12 años, aunque no la consuman. Y el regulador federal, la FERC, ha exigido a los seis grandes operadores de red que revisen o justifiquen sus normas para conectar estas grandes cargas, entre otras cosas para evitar que el coste recaiga en el resto de los clientes.

El plan B: llevarlos al espacio

Algunas compañías exploran nuevas fuentes de energía, como las olas. Otras miran hacia arriba. En órbita, los paneles solares pueden generar hasta ocho veces más electricidad que en la Tierra, según Google, y los satélites no dependen de la red eléctrica.

Google presentó en noviembre de 2025 el Project Suncatcher, del que ya hablamos aquí: una red de satélites con sus chips de IA, las TPU, alimentados por energía solar y conectados por láser. El 1 de octubre lanzó su primer prototipo, construido con la empresa Planet, a bordo de un cohete Falcon 9 de SpaceX.

El 30 de octubre, Google anunció que había recibido la primera respuesta del satélite. Sus ingenieros pidieron al modelo Gemma 4, que funciona a bordo, un haiku sobre estar en el espacio, y el poema llegó a tierra cuando el satélite pasaba sobre Svalbard (Noruega).

La compañía lo presenta como la primera respuesta de IA generada en órbita por una TPU de las que usa en sus centros de datos. «Nuestros chips se han ganado oficialmente sus alas espaciales», escribió Travis Beals, responsable del proyecto.

Es, sin embargo, solo una prueba. El satélite lleva cuatro TPU, pero solo puede usar una cada vez y durante unos 20 minutos seguidos, según TechCrunch.

El propio Beals lo describió en NPR como «una prueba mínima» y admitió que no ve que vaya a ser más barato que en tierra en los próximos cinco años. El siguiente paso son dos satélites conectados entre sí en 2027.

Google no está sola. La empresa Starcloud, respaldada por Nvidia, ya entrenó un pequeño modelo de IA en una GPU H100 en órbita a finales de 2025.

China lanzó en mayo de 2025 los primeros 12 satélites de su constelación de computación con IA, con la que aspira a sumar 2.800. SpaceX, que ha absorbido xAI, ha pedido permiso para lanzar hasta un millón de satélites con este fin, y Blue Origin, hasta 51.600.

Según GeekWire, Jeff Bezos cree que en las próximas dos décadas serán más baratos que los centros de datos terrestres.

En Europa, el estudio ASCEND, liderado por Thales Alenia Space con fondos de la UE, plantea llegar a un gigavatio en órbita antes de 2050, aunque concluyó que solo reduciría emisiones con lanzadores diez veces menos contaminantes que los actuales.

Los escépticos abundan. Sam Altman, de OpenAI, ha calificado de «ridícula» la idea en las condiciones actuales, y el jefe de AWS, Matt Garman, considera que por ahora no es rentable.

Los expertos señalan el coste de los lanzamientos, la dificultad de disipar el calor, la radiación, la basura espacial y la imposibilidad de cambiar los chips cuando se quedan anticuados. Para Brandon Lucia, de la Universidad Carnegie Mellon, en el espacio el mantenimiento multiplica su coste y su complejidad «por 10, quizá por 100».

España, a tiempo de anticiparse

En España, el auge de los centros de datos acaba de empezar y avanza a gran velocidad. Según la asociación SpainDC, la potencia TI instalada en centros de datos comerciales pasó de 355 megavatios en 2024 a 439 en 2025, y podría alcanzar los 2.537 en 2030, con hasta 66.900 millones de euros de inversión directa e indirecta hasta 2030.

Aragón concentra los mayores proyectos, según EFE: Amazon Web Services prevé invertir 33.700 millones hasta 2035; Microsoft, más de 5.300 millones en tres campus, y Blackstone, a través de QTS, hasta 13.471 millones.

El cuello de botella es la red. Según el último mapa de capacidad de Red Eléctrica, de octubre, los centros de datos tienen concedidos 6.329 megavatios de acceso a la red de transporte, el 34,2 % del total, y ninguno está aún en servicio. Sumando la red de distribución, la CNMC calcula unos 12 gigavatios concedidos, otros 27 en trámite y más de 32 denegados.

El Gobierno no quiere repetir lo ocurrido fuera. El Ministerio para la Transición Ecológica advierte de que el crecimiento desordenado de los centros de datos ha provocado fuertes subidas de precio en Irlanda, los Países Bajos y EE. UU.

En agosto presentó un borrador de real decreto que obligaba a los centros de más de 1 megavatio a cubrir al menos el 80 % de su consumo con renovables generadas en la misma hora y a acompañar cada nuevo megavatio de consumo con un nuevo megavatio renovable.

La CNMC pidió flexibilizar esas exigencias, aunque también advirtió del impacto de los centros de datos en lo que pagan los consumidores por la energía y por la red.

Según Reuters, el texto revisado eleva el umbral a más de 10 megavatios, mantiene el 80 % y da más plazo para cumplirlo. El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, espera aprobarlo antes de las elecciones generales del 29 de noviembre.

No todos lo ven igual. El Gobierno de Aragón, la comunidad con más proyectos, ha criticado el borrador, y su presidente, Jorge Azcón, ha advertido de un «riesgo real» para el proyecto de Blackstone.

En cambio, un modelo de la firma PyPSA Labs, recogido por Roams, calcula que 4.000 megavatios de centros de datos sin exigencias renovables subirían el precio mayorista 7,74 euros por megavatio hora y costarían a los consumidores, hogares, pymes e industria, entre 1.850 y 1.950 millones de euros al año.

España parte con ventaja. Su electricidad fue en 2025 más barata que la de Alemania (65,52 frente a 89,53 euros por megavatio hora), y en el primer semestre de 2026 registró casi 600 horas de precios negativos, según la CNMC, una señal de que en muchas horas sobra energía renovable.

El agua es el otro frente. El Instituto Aragonés de Gestión Ambiental ha autorizado a AWS a aumentar un 48 % el consumo máximo anual de agua de su centro de El Burgo de Ebro, hasta 53.961 metros cúbicos, según El Periódico de Aragón, recogido por Xataka.

Y Ecologistas en Acción anunció en enero un recurso contra el plan del Gobierno aragonés que autoriza la expansión de AWS.

Los conflictos ambientales tampoco son exclusivos de España: Finlandia frena los centros de IA de Google tras la tala de cientos de miles de árboles.

En EE. UU., la pregunta ya no es solo si los centros de datos encarecen la luz, sino quién debe pagar la red que necesitan. España intenta responderla antes de que el problema llegue al recibo.

La fotografía de representación de este artículo pertenece a Matthew Henry y ha sido publicada en Unsplash

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